La decisión del gobierno de Samuel García de “congelar” las participaciones a los alcaldes de Nuevo León, por presuntos adeudos fiscales, ha afectado en gran medida el desempeño de los municipios, sobre todo el de los rurales.
Esto se ve reflejado en los servicios de alumbrado público, seguridad, los programas sociales y el pago de nóminas a los servidores públicos.
Otras de las consecuencias han sido el retiro de las patrullas, ambulancias y camiones de desecho que tenían prestados en comodato por parte del Gobierno del Estado.
Ya previamente el alcalde César Garza, de Apodaca, había criticado la “inmadurez del gobernador” por permitir que su enfrentamiento con los diputados del Congreso local afecte a los ayuntamientos pertenecientes a los partidos de oposición.
